ANI confirma la liquidación anticipada de la concesión Autopistas del Caribe
El concesionario continuará a cargo de la operación y mantenimiento del corredor por 200 días y posteriormente se hará entrega de la infraestructura al Invías.
Una de las decisiones más esperadas por comunidades, transportadores y comerciantes del Caribe colombiano ya es un hecho. El Gobierno colombiano acordó la terminación anticipada de la concesión de la Ruta Caribe, el corredor vial que conecta a los departamentos de Atlántico y Bolívar, y que durante más de dos décadas estuvo bajo administración privada.
El anuncio fue confirmado por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Óscar Torres, quien explicó que el proceso de reversión comenzará este 2 de enero de 2026. “A partir del 2 de enero del 2026 iniciamos el proceso de reversión, el cual esperamos que esté listo con todos los trámites a junio de 2026 para que esto quede en manos de Invías”. Con ello, el Instituto Nacional de Vías asumirá directamente la operación y el mantenimiento del corredor.
La decisión implica el cierre anticipado del contrato de concesión del tramo Cartagena–Barranquilla, conocido como Ruta Caribe, que estaba a cargo de Autopistas del Caribe S.A.S. Como resultado, se eliminarán siete peajes: Pasacaballos, Turbaco, Gambote, Arroyo de Piedra, Sabanagrande, Galapa y Bayunca, un reclamo histórico de los habitantes de la zona.
Cobros excesivos
Durante años, las comunidades del corredor denunciaron que los cobros constantes elevaron de manera significativa los costos de movilidad y encarecieron productos básicos, afectando la competitividad de los municipios y el bolsillo de quienes transitan a diario por esta vía estratégica.
Transportadores y comerciantes aseguraron que el pago repetido de peajes terminó trasladándose al precio final de los alimentos, materiales y servicios.
La ANI explicó que la terminación del contrato se dio por mutuo acuerdo y por causas no atribuibles directamente a ninguna de las partes, luego de un proceso de evaluación técnica, financiera y jurídica.
El Gobierno considera que, bajo el esquema actual, la operación estatal permitirá aliviar la carga económica de los usuarios y mejorar el acceso vial en una región clave para el comercio, el turismo y la logística portuaria del país.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de críticas. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advirtieron que la liquidación anticipada del proyecto podría generar efectos negativos. Según la entidad, el cierre de la concesión introduce incertidumbre sobre el futuro del corredor, podría afectar empleos asociados a la operación privada y generar dudas sobre la eficiencia en el transporte de carga.