El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Penal, declaró legales las interceptaciones telefónicas realizadas al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y a contratistas vinculados a su gestión como alcalde de Rionegro.
La decisión avaló la actuación de la Fiscalía, al señalar que las medidas eran necesarias, proporcionales y ajustadas a la ley dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos para la construcción de Centros de Atención Inmediata (CAI) en San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas.
De acuerdo con el fallo, las interceptaciones se practicaron en mayo de 2025 bajo motivos fundados y respetando los plazos legales y la cadena de custodia. El tribunal sostuvo que estas acciones no vulneraron de forma desproporcionada los derechos fundamentales de los investigados, sino que respondieron a la necesidad de recopilar información clave para esclarecer el manejo de contratos que suman más de 1.200 millones de pesos