La medida está afectando al tejido empresarial y al empleo formal en el departamento, advierten los gremios
Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, creada mediante la Ordenanza 50 de 2024 y que se viene recaudando desde enero de 2025, con vigencia hasta diciembre de 2027.
En un comunicado conjunto publicado este martes 3 de febrero, afirmaron que el sector productivo del departamento enfrenta una carga tributaria cada vez más alta.
A esta situación se suman las recientes medidas del gobierno como el incremento del salario mínimo y otras disposiciones económicas adoptadas a nivel nacional, lo que estaría afectando de manera directa los presupuestos de las empresas.
Según Intergremial y Fenalco, la tasa regional “está asfixiando al tejido empresarial”, en especial en un contexto económico complejo, y no solo impacta las finanzas de las compañías, sino que también tendría efectos negativos sobre el empleo formal, la productividad y la competitividad regional.
Incluso, advirtieron que, en escenarios extremos, algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar.
Los gremios recordaron que desde que se conoció el proyecto de acuerdo que dio origen a la tasa, manifestaron su oposición y alertaron sobre los riesgos que esta implicaría para el sector productivo, posiciones que —aseguran— fueron expuestas tanto en debates ante la Asamblea Departamental como en distintos espacios públicos y mediáticos.