El Decreto 0769 de 2026 establece medidas para prevenir violencias digitales y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en internet
Plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades públicas tendrán nuevas responsabilidades para prevenir la violencia en línea y proteger la privacidad de niñas, niños y adolescentes.
Así lo establece el Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar la Ley 2489 de 2025 y avanzar en la construcción de entornos digitales sanos y seguros.
La normativa plantea una respuesta conjunta al ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en internet, la captación por medios digitales, la exposición a contenidos inapropiados y el uso indebido de datos personales.
Para enfrentar estos riesgos, incorpora acciones de alfabetización mediática y digital, herramientas de control parental, canales de reporte y criterios de seguridad y privacidad desde el diseño de los servicios tecnológicos.
Los proveedores de plataformas, aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales deberán identificar y gestionar riesgos, adoptar medidas de protección de datos, ofrecer mecanismos accesibles para presentar quejas y rendir informes semestrales al Ministerio TIC sobre los avances alcanzados.
En el sector educativo, las estrategias para prevenir el ciberacoso y otras violencias digitales deberán incorporarse en los Proyectos Educativos Institucionales y en los Manuales de Convivencia. También se promoverán talleres para estudiantes, familias, docentes y cuidadores sobre navegación segura, privacidad, mediación tecnológica y uso de herramientas de control parental.
El decreto ordena formular, en los próximos doce meses, una política pública nacional sobre entornos digitales sanos y seguros.
Además, dispone la creación de un repositorio gratuito con contenidos pedagógicos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes. Su acceso no podrá condicionarse al registro ni a la entrega de datos personales de menores de edad, y tampoco incluirá publicidad dirigida a esta población.
La norma también pone en marcha un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, en el que participarán los ministerios de Educación y Defensa Nacional, el ICBF y la Fiscalía General, bajo la coordinación técnica del MinTIC.
El decreto aclara que las medidas no podrán justificar censura previa, vigilancia generalizada de comunicaciones privadas ni el debilitamiento de los sistemas de cifrado.
Con información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.