Desde el 23 de diciembre el Gobierno nacional inició el pago del bono de 230.000 pesos para adultos mayores
Prosperidad Social confirmó el inicio de las transferencias del programa Colombia Mayor en todo el país
Desde el 23 de diciembre, 3 millones de adultos mayores comenzaron a recibir el bono pensional de 230.000 pesos del programa Colombia Mayor, una transferencia económica dirigida a personas en condición de vulnerabilidad que no cuentan con pensión.
Así lo confirmó Prosperidad Social, al anunciar el inicio del ciclo 12 de pagos de 2025, que se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, con la entrega de recursos a través del Banco Agrario de Colombia y su red de operadores en todos los municipios del país.
El Banco Agrario habilitará los pagos a través de sus operadores en todo el territorio nacional”, señaló el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.
Tres millones de beneficiarios recibirán la transferencia
Con este nuevo ciclo, el Gobierno nacional amplió la cobertura del programa para llegar a 3 millones de beneficiarios, quienes recibirán una renta básica solidaria de 230.000 pesos mensuales. Según Prosperidad Social, estos recursos permiten a la población beneficiaria superar la pobreza extrema.
La ampliación hace parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, una transición hacia la Reforma Pensional, uno de los compromisos del presidente Gustavo Petro con la población adulta mayor.
“Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia el Pilar Solidario, que busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, afirmó Rodríguez Amaya.
Más de 600.000 millones de pesos para el ciclo 12
Durante el ciclo 12, 1.727.334 beneficiarios antiguos, junto con los nuevos inscritos, recibirán la transferencia. Para este pago, Prosperidad Social destinó más de 600.000 millones de pesos, de acuerdo con los lineamientos del CONPES 4176 de 2025.
El Gobierno destacó que este nuevo esquema se articula con la Reforma Pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, y representa un avance concreto en la garantía de ingresos para las personas mayores en condición de vulnerabilidad.