La iniciativa da prelación a los derechos de la comunidad con respecto a los impactos propios de las obras públicas e intervenciones urbanísticas que se ejecuten.
Medellín tiene nueva Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas que es considerada una iniciativa pionera a nivel nacional. Esta herramienta, construida por la Administración Municipal en convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, fue analizada durante siete meses por el Concejo de la ciudad, el cual la aprobó la primera semana de diciembre.
Entre sus principales beneficios está el hecho de generar las condiciones normativas para garantizar que ninguna obra pública o transformación urbanística que se ejecute en la ciudad desmejore las condiciones actuales de los moradores; así mismo, se posibilita el derecho de permanencia en el territorio como prioridad o lineamiento al momento de formular un proyecto de este tipo.
Esta iniciativa, que nació del Plan de Ordenamiento Territorial o Acuerdo Municipal 048 de 2014, señala que los impactos a moradores deberán establecerse según las particularidades étnicas, de origen y sexo de la población, lo que permitirá una atención integral y eficiente para las comunidades.
